Del 14 al 17 de agosto de 2018 se llevaron a cabo, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, los eventos conmemorativos del 30 aniversario del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) en los cuales participaron el segundo secretario Dante L. Arredondo, Director de Política Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería, y el experto mexicano Mtro. Amilcar Paris Mandoki, investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM.
La ponencia de México, denominada “La experiencia mexicana en la medición del cumplimiento de derechos humanos a través de indicadores” tuvo lugar dentro del panel sobre “Experiencias exitosas por país en la elaboración de los indicadores para valorar el cumplimiento del Protocolo de San Salvador,” el cual contó con la presencia de representantes de los gobiernos de Honduras, El Salvador y de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).
La participación de México se enmarcó en el evento de alto nivel que tuvo lugar el martes 14 de agosto, y que fue encabezado por el Presidente de la República de El Salvador, Sr. Salvador Sánchez Cerén, y que contó, además, con la presencia del Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), Néstor Méndez; del Coordinador de Investigaciones de la Sede Subregional de la CEPAL en México, Pablo Yanes; de la Directora del Departamento de Inclusión Social, de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad (SADyE) de la OEA, Betilde Muñoz-Pogossian; y de la Presidenta del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, Laura Pautassi.
La ponencia de México versó sobre las buenas prácticas logradas en términos de
coordinación interinstitucional para la aplicación de la metodología de indicadores de la OEA para la medición del cumplimiento de derechos humanos, en ocasión de la elaboración del informe de México sobre el cumplimiento del segundo agrupamiento de derechos del Protocolo de San Salvador; la vinculación entre el gobierno y el sector académico, expresamente el PUDH-UNAM y el gobierno para el mapeo de datos y desarrollo de las fórmulas de cálculo; y la elaboración de la plataforma digital para la sistematización y publicación de dichos indicadores, como herramienta fundamental del Sistema Nacional de Medición del Nivel de Cumplimiento de Derechos Humanos (SNEDH).”
